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Noticia
09/09/2021
Pesca-Acuicultura

Inspección Pesquera y Guardia Civil intervienen 525 kilos de chirla y 55 kilos de almeja fina ilegal en la costa de Huelva

La obligación de realizar la primera venta en una lonja o establecimiento autorizado es para asegurar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los recursos pesqueros

Miembros de la Inspección Pesquera y la Guardia Civil durante una intervención
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Inspección Pesquera en Huelva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, han desarrollado tres actuaciones conjuntas en la costa de Huelva, que se han saldado con la intervención de un total de 525 kilos de chirla desembarcada de forma ilegal y que superaban la cantidad permitida por barco y 55 kilos de almeja fina procedente del marisqueo ilegal. 
 
En el transcurso del primer operativo realizado el pasado 27 de agosto, los inspectores pesqueros impidieron la venta fraudulenta de 100 kilos de chirla entre un armador de una draga hidráulica y el responsable de un centro de expedición de Punta Umbría, cuando ambos se disponían al pesaje de la mercancía en el interior de este centro de expedición. Por su parte, en el segundo operativo llevado a cabo el 3 de septiembre, la Guardia Civil interceptó 60 kilos más de chirla desembarcada ilegalmente, en el maletero de un vehículo conducido por un marinero de una embarcación de draga hidráulica. En el último y tercer operativo, se localizó, en un centro de expedición de Isla Cristina, una partida de 365 kilos de chirla desembarcada de forma ilegal y otra partida de 58 kilos de almeja fina procedente del marisqueo ilegal. 
 
La obligación de realizar la primera venta en una lonja o establecimiento autorizado tiene como objetivo principal llevar a cabo los controles reglamentarios en materia de protección de los recursos pesqueros, tales como tallas mínimas, épocas de veda, especies prohibidas, etc., así como verificar el cumplimiento de las normas comerciales pesqueras referidas a categorías de calibrado y etiquetado de los productos pesqueros, trasladar a las administraciones competentes los datos de producción y de primera venta, y garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria de dichos productos. 
 
En el caso de la chirla, uno de los aspectos fundamentales que se controlan en lonja es que no se comercialice una cantidad mayor a la tara máxima o tope diario autorizado. En este sentido, señalar que los lotes localizados por la inspección pesquera procedían de desembarcos que superaban el máximo establecido; prácticas que ponen en serio riesgo la continuidad de la pesquería. 
 
La colaboración entre la Inspección Pesquera y el SEPRONA de la Guardia Civil en el ámbito de la protección y sostenibilidad de los recursos pesqueros y de la seguridad alimentaria de los consumidores es fundamental para garantizar el futuro y continuidad de la actividad pesquera y la salubridad de los productos pesqueros que se comercializan.
 
De manera paralela a estas actuaciones de inspección pesquera, hay que destacar las medidas técnicas establecidas para la conservación de la chirla del Golfo de Cádiz, tales como las paradas biológicas, la última de las cuales, muestra a partir de los estudios científicos que el caladero se encuentra en una aceptable situación, con signos de una clara recuperación de la especie. Apoyándose en estos datos, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha dictado para la campaña de pesca 2021-2022 un aumento del volumen máximo de capturas permitido, lo que contribuye al mismo tiempo a incrementar la rentabilidad de esta pesquería e impulsar una economía local que depende exclusivamente de este molusco.
 
Por último, se recuerda que la tenencia, consignación, transporte, tránsito, almacenamiento, transformación, exposición y venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros que no cumplen los requisitos de trazabilidad, etiquetado, higiene o información al consumidor exigidos por la normativa vigente, constituye una infracción tipificada como grave que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros.